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© Foto: Cégé - El Monte, Chile (click para agrandar) |
La ruralidad se disfruta, se contempla, se respira. Para muchos es una vía de escape, para otros, una realidad cotidiana. Algunos la consideran simplemente como “lo opuesto” a lo urbano. Pocos en cambio se detienen a definirla, a objetivarla, a clasificarla. La realidad rural pareciera ser más bien un fenómeno subjetivo, difícil de delimitar.
Un grupo particular de actores sociales, los gestores de políticas públicas, requiere sin embargo una clara y precisa definición de ruralidad. Ésta debe estar basada en criterios cuantificables y verificables. Dado el carácter de su misión –asignar los recursos públicos de manera inteligente con el objeto de mejorar el bienestar social–, el desafío que ello supone, posee un innegable carácter técnico.
La ruralidad es un fenómeno intrincado y multidimensional de tal complejidad, que a la hora de tomar decisiones, los gestores políticos se ven obligados a reducir la dimensión del fenómeno. Necesitan ser prácticos y hacer uso de modelos que simplifiquen la realidad a un nivel manejable. Deben establecer supuestos, muchas veces omitir variables y consiguientemente, obviar importantes dimensiones rurales difíciles de cuantificar y de valorizar, tales como la belleza paisajística, los derechos consuetudinarios y los entramados culturales. Éstos son excluidos de numerosas discusiones y decisiones políticas.
¿Cuál es el riesgo de obviar lo rural en toda su complejidad? Quizás el lector ya lo sospecha: que a los tomadores de decisiones se les pase la mano en su afán simplificador.
